Objeciones ruralistas al Impuesto de Primaria

URUGUAY  –  

Comparten la finalidad que mueve la reimplantación, pero discrepan con la forma de aplicarlo  –

La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural (FR) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) coincidieron esta semana en la finalidad  de apoyar a la escuela pública que persigue la reimplantación del Impuesto de Primaria al sector agropecuario. Sin embargo, las tres gremiales ruralistas presentaron objeciones sobre la implementación del tributo.

Al comparecer el martes 21 ante la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente de la ARU, Ricardo Reilly, dijo que la gremial “no está en contra del fin que persigue” el tributo, “que es la alimentación de escolares”, pero aclaró que “eso no obsta para que consideremos que este es un mal impuesto, mal aplicado”, según la versión taquigráfica, a la que accedió El Observador.

La ARU se mostró contraria a que exista “un impuesto para cada fin” y recordó que la reforma tributaria de 2007 “apuntó a gravar la renta de las distintas actividades empresariales y a simplificar  el sistema tributario, a fin de que hubiera menos impuestos y que su recaudación fuera más eficiente”.

Reilly recordó, además, que el sector agropecuario pasó de pagar US$ 117 millones de impuestos en 2004 a US$ 328 millones en 2014 y agregó que “quiere decir que los impuestos prácticamente se triplicaron en los últimos 10 años. El grueso del aumento de estos impuestos fue entre 2009 y 2014, pero el incremento más significativo se dio en los últimos dos años, precisamente por la reimplantación del Impuesto al Patrimonio”.

La ARU se mostró contraria a los “impuestos ciegos a la tierra”, que el productor debe pagar independientemente del resultado económico, es decir, “gane o pierda”, como el Impuesto de Primaria, acotó Reilly.

Por último, el presidente de la ARU enfatizó que la reimplantación del Impuesto de Primaria “es un gran retroceso en materia de política tributaria y que esto, hacia el futuro, sin duda va a afectar la producción, la productividad y, ni qué hablar, la inversión y la competitividad”.

 

Destino del impuesto

Por otra parte, el presidente de la FR, Carlos María Uriarte, pidió “que lo que se recaude en el sector agropecuario (por el Impuesto de Primaria) sea destinado a la educación rural”, al tiempo que trasmitió “la preocupación de quienes vivimos en el campo en el sentido de que, con lo que se haga, no se favorezca el despoblamiento de la campaña”.

Coincidió con la ARU en rechazar la creación de impuestos específicos y manifestó la  preocupación de la gremial ruralista respecto a la necesidad de “adecuar la tasa del Imeba”, que “es la vía por la cual Primaria recauda hoy”.

En una síntesis del planteo de la FR, Uriarte dijo que, “en primer lugar, mencioné el aspecto social haciendo hincapié en que lo que se recaude sea destinado efectivamente a Primaria. En segundo término, el objetivo que pretende este proyecto de ley de gravar a los propietarios que posean más de 300 hectáreas, tal cual está redactado puede no estar alineado, que no se cumpla y termine abarcando a otras personas que no están comprendidas en el objetivo”.

Y agregó que “deberíamos recordar lo que sucedió con el Impuesto al Patrimonio, en relación al que se hizo una promesa en cuanto a corregir el concepto de la unidad económica administrativa que castiga al instituto de la familia. De alguna manera, a aquellas familias que se mantuvieron juntas se les está dando el mensaje de que no estén más juntas porque van a pagar más”.

Productores familiares

Precisamente, el secretario de la CNFR, Fernando López, dijo a la comisión legislativa que, si bien “se comparte el espíritu y la necesidad de apoyar la educación primaria”, hay “observaciones con el mecanismo (de aplicación) planteado”.

“Creemos que para el sector agropecuario el hecho de que su aplicación esté atada a la superficie no necesariamente refleja una medida justa en cuanto a lo que se quiere contemplar, que es la pequeña y mediana producción”, dijo López.

Por ello, CNFR solicitó a los legisladores que se considere la condición de producto familiar, de acuerdo a un registro realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y no de acuerdo a las hectáreas que el productor posea.

FUENTE: PEDRO SILVA  –  EL OBSERVADOR

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